La normativa estatal establece que solo los técnicos competentes pueden suscribir certificados de eficiencia energética. Estos profesionales deben poseer una titulación habilitante como arquitectura, arquitectura técnica, o diversas ingenierías (industrial, civil, edificación, entre otras). En Pacs del Penedès, trabajamos con técnicos colegiados en sus respectivos consejos profesionales de la provincia de Barcelona, lo que garantiza que el informe cumple con las metodologías de cálculo autorizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El técnico es el responsable de realizar la inspección al inmueble obligatoria, donde tomará datos sobre la envolvente térmica (muros, ventanas, cubiertas) y las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria. Su labor es fundamental no solo para emitir la letra (de la A a la G), sino para proponer medidas de mejora personalizadas que ayuden al propietario a reducir sus facturas energéticas a largo plazo.

El parque de 363 viviendas de Pacs del Penedès se caracteriza por una alta presencia de viviendas unifamiliares, muchas de ellas situadas en urbanizaciones o en el propio núcleo histórico. Debido a la edad media de las construcciones, donde una parte importante fue edificada antes del año 2007 (fecha de endurecimiento de las normativas de aislamiento), la calificación energética más frecuente oscila entre las letras E y G.

En la zona climática B3-C2, los principales puntos críticos son las pérdidas de calor en invierno y la ganancia térmica excesiva en verano. Los inmuebles rehabilitados recientemente o de obra nueva suelen alcanzar niveles C o B. Para mejorar la letra en esta localidad, las intervenciones más recomendadas incluyen el aislamiento de techos, el trasdosado de muros de piedra o ladrillo antiguo y, especialmente, la actualización de calderas de gasoil por sistemas de aerotermia, aprovechando la bonificación de impuestos que muchos ayuntamientos ofrecen por mejoras de eficiencia.

El marco legal que regula este trámite es el Real Decreto 390/2021 a nivel nacional, el cual amplió la obligatoriedad del certificado a más supuestos, como edificios públicos o reformas de gran envergadura. En Cataluña, el órgano encargado de gestionar, inspeccionar y controlar estas certificaciones es el Institut Català d'Energia (ICAEN), dependiente de la Generalitat.

Es imperativo que el certificado esté inscrito en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de Cataluña para que se emita la etiqueta oficial. Dicha etiqueta tiene una validez de 10 años, salvo en los casos donde la calificación sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años. Como fuentes de referencia adicionales, los propietarios pueden consultar el portal oficial del IDAE para entender las escalas de consumo y emisiones que rigen en todo el territorio español.

Incumplir con la obligación de mostrar la etiqueta energética en los anuncios de venta o alquiler en portales como Idealista o Fotocasa puede derivar en sanciones económicas considerables. Según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, las multas se clasifican en:

• Infracciones leves (300€ a 600€): Por anunciar un inmueble sin mencionar su calificación energética.
• Infracciones graves (601€ a 1.000€): Por vender o alquilar sin entregar el certificado válido al comprador o arrendatario.
• Infracciones muy graves (1.001€ a 6.000€): Por falsear el resultado del certificado o actuar como técnico sin serlo.

En una localidad con un mercado de alquiler residencial y vacacional activo en el Penedès, la administración realiza inspecciones periódicas, por lo que disponer del documento en regla es la mejor inversión para evitar contratiempos legales y financieros.

Además del certificado energético, los propietarios en Cataluña suelen requerir la Cédula de Habitabilidad para formalizar cualquier contrato de arrendamiento o para dar de alta suministros de agua, luz y gas. En Pacs del Penedès, es altamente eficiente contratar ambos trámites de forma conjunta, aprovechando la misma inspección al inmueble para reducir costes. Asimismo, para aquellos edificios de viviendas que superen los 45 años de antigüedad, es obligatorio haber pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), un trámite que garantiza la seguridad estructural del inmueble y que complementa la información sobre su estado de conservación.