De acuerdo con el Real Decreto 390/2021, el técnico certificado energético Sant Antoni de Vilamajor debe ser un profesional cualificado con titulación habilitante, tales como arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales o ingenieros técnicos. Es imperativo que el técnico esté colegiado y cuente con un seguro de responsabilidad civil vigente. La labor del técnico no se limita a la firma; debe realizar una inspección al inmueble presencial para medir huecos, verificar orientaciones y comprobar la eficiencia de los sistemas de climatización y agua caliente sanitaria (ACS). En una zona de clima C2 como la de Sant Antoni de Vilamajor, la experiencia del técnico en detectar puentes térmicos en fachadas es vital para obtener una calificación que refleje la realidad del inmueble y no penalice innecesariamente al propietario.

El parque de viviendas en Sant Antoni de Vilamajor, compuesto por unas 2775 unidades, presenta una tipología mixta muy marcada. Por un lado, encontramos el casco antiguo con edificaciones de mediados del siglo XX que, si no han sido rehabilitadas, suelen obtener calificaciones energéticas entre la E y la G. Por otro lado, el municipio destaca por su gran número de viviendas unifamiliares aisladas en urbanizaciones como Les Pungoles, Alfou o Can Vila, muchas de ellas construidas entre 1990 y 2007. Estas viviendas suelen situarse en una letra E o D, dependiendo de si cuentan con doble acristalamiento o si se ha actualizado la caldera de gasóleo o gas natural por sistemas de aerotermia o biomasa. Las viviendas de obra nueva o rehabilitaciones integrales post-2013 son las únicas que alcanzan habitualmente las letras A o B, gracias a aislamientos SATE y paneles solares fotovoltaicos, que son altamente recomendables en esta zona por su alta insolación anual.

La normativa que regula el certificado de eficiencia energética (CEE) en Sant Antoni de Vilamajor emana del RD 390/2021 a nivel estatal y de las directrices del Institut Català d'Energia (ICAEN) a nivel autonómico. En Cataluña, es obligatorio registrar el certificado en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios para que este tenga validez legal. La etiqueta energética emitida por el ICAEN tiene una validez máxima de 10 años, a menos que la calificación obtenida sea una G, en cuyo caso la validez se reduce a 5 años según la última actualización normativa. Fuentes oficiales como el Ministerio para la Transición Ecológica y el IDAE subrayan la importancia de este documento no solo como un trámite burocrático, sino como una herramienta de transparencia para el consumidor, informando sobre el gasto estimado en facturas de energía del inmueble.

No disponer del certificado energético en Sant Antoni de Vilamajor al anunciar una vivienda puede acarrear sanciones económicas importantes según la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Las multas se dividen en tres grados: las leves (de 300 a 600€) por anunciar el inmueble sin mencionar la calificación; las graves (de 601 a 1.000€) por vender o alquilar sin entregar el certificado válido; y las muy graves (de 1.001 a 6.000€) por falsear el resultado del documento. En una localidad con un mercado de alquiler residencial activo y presencia de viviendas destinadas a segunda residencia, la vigilancia de los portales inmobiliarios por parte de la administración es constante, bloqueando anuncios que no incluyan la etiqueta oficial. Además, el Notario exigirá el certificado original y la etiqueta oficial para autorizar cualquier escritura de compraventa.

En Cataluña, y específicamente en Sant Antoni de Vilamajor, es muy frecuente que los propietarios soliciten conjuntamente el certificado energético y la cédula de habitabilidad. Ambos documentos son necesarios para la venta de una vivienda y para la contratación de suministros de agua, luz y gas. Mientras que el CEE mide la eficiencia, la cédula garantiza que la vivienda cumple los requisitos mínimos de salubridad y solidez. Realizar ambos trámites con el mismo técnico colegiado permite ahorrar costes de desplazamiento y simplifica la gestión administrativa ante la Generalitat. Asimismo, para edificios de viviendas de más de 45 años, es obligatorio haber pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE).